Alianzas Nacionales e Internacionales
Fundación Saldarriaga Concha
Cuando un integrante de una familia víctima del conflicto, en situación de pobreza extrema, adquiere una discapacidad, esta condición incrementa su riesgo de exclusión, discriminación y marginalidad.
Solo a través de mecanismos de apoyo, basados en un enfoque de derechos y deberes, será posible para esta población vencer las cadenas de la pobreza y las barreras sociales, que les permitirán participar en oportunidades de desarrollo social, en igualdad de condiciones.
Como lo señala la Organización Mundial de la Salud - OMS, “las personas con discapacidad tienen tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. De acuerdo con el organismo internacional, a diferencia de quienes no tienen alguna discapacidad, esta población enfrenta en mayor proporción la escasez de comida, las malas condiciones de vivienda, la falta de acceso a agua potable y saneamiento, acceso precario a atención en salud y cuentan con un menor número de bienes materiales.
Dada esta situación, la OMS recomienda que los países “mejoren la disponibilidad de bienes y servicios para las personas con discapacidad y compensen los costos adicionales asociados con estas discapacidades Es aquí donde surge la pregunta ¿Cómo estamos contribuyendo con la mejora de la situación de las personas con discapacidad y sus familias en el país?
En la foto: Ismael Antonio Cárdenas y su familia.
Programa Inclusión para el Desarrollo Comunitario - Ovejas, Sucre.
Actualmente en Colombia la población con discapacidad, víctima de la violencia, no cuenta con planes, programas o líneas de atención especializada que responda a sus necesidades particulares, ni que garantice su integración con la comunidad, cayendo en una situación de pobreza y exclusión que les impide un adecuado desarrollo integral. Así mismo, las instituciones del sector público no se encuentran fortalecidas para desarrollar acciones y/o iniciativas desde un enfoque diferencial, que garanticen el acceso de esta población a los servicios sociales básicos que brinda el país.
No obstante, en el año 2008, la Corte Constitucional ordenó al Estado mediante el Auto 006 desarrollar formas diferentes para dar soporte a las familias desplazadas con integrantes en condición de discapacidad. De esta forma, se reconoció que esta población es digna de una atención diferencial.
Más adelante, en el 2011, Colombia, junto con otros 105 países alrededor del mundo, ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, en la cual se obliga a los países miembros a “tener en cuenta la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad en todas las políticas y programas”.
A ello se suma la Ley 1618 de 2013, por medio de la cual el Estado busca garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas y políticas que cuenten con un enfoque de inclusión, lo que permitirá eliminar toda forma de discriminación en el país por cuenta de una condición.
Esto indica que la atención según las condiciones de las familias pobres está aumentando, tanto por parte del Gobierno, como por parte del sector social. Las instituciones públicas locales juegan un papel importante en crear las condiciones para dar servicios apropiados a las familias.
Discapacidad en Colombia
De acuerdo al Censo del Dane del 2005, el 6% de las personas en el país tiene alguna discapacidad (1) , y el 77% de las familias con alguna persona con discapacidad, pertenece a los estratos más pobres, por lo tanto no accede a los principales servicios sociales; lo que hace que la discapacidad sea causa y efecto de pobreza (la persona con discapacidad y su cuidador (2) están excluidos del mercado laboral, tienen mayores gastos familiares y menores oportunidades de acceso).
Esta situación requiere servicios de apoyo particulares que le permitan a esta población superar la pobreza, recibir fortalezas para encontrar soluciones por sí mismos, y obtener acceso a los principales servicios sociales que son cruciales para su inclusión social.
Teniendo en cuenta esta realidad, uno de los principales retos del país es lograr un desarrollo sostenible a partir del acceso equitativo de todos sus ciudadanos a oportunidades de salud, educación, empleo, cultura, participación, y demás aspectos necesarios para el desarrollo de sus capacidades.
Por esta razón es fundamental incorporar el enfoque diferencial en el acompañamiento familiar, ya que permitirá asegurar que las personas con discapacidad, víctimas de la violencia, y sus familias reciban atención integral ajustada a sus necesidades, lo que promoverá su plena participación, y con ella, su inclusión social.
(1) Censo 2005. Departamento Nacional de Estadísticas - Dane
(2) En el 70% de los casos este cuidador es una mujer (la mamá o la abuela)
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